La novedosa ley plantea desafíos a todos los actores de la sociedad que tienen que ver con la cuestión informática y propone nuevos roles y oportunidades. El 4 de junio fue sancionada la ley 26388 de Delitos Informáticos ahora Argentina forma parte a la lista de países que cuentan con regulación legal en la materia, como por ejemplo España, USA, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y el Consejo de Europa (Convenio de Cibercriminalidad de Budapest del 23 de noviembre de 2001). En nuestro continente se suman Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Venezuela y México. La importancia de esta norma es que llena un vacío legal, que hasta ahora sólo contenía incertidumbre. Asimismo, la aparición de esta ley crea un nuevo escenario que trae consigo nuevos roles, mayores exigencias y mayores responsabilidades. Esto merece mucha atención por parte de los profesionales, puesto que el mal asesoramiento podría traer como consecuencia ni más ni menos que la comisión de un delito.
Esta situación puede generar otro vacío, que no puede llenarse con una ley sino con capacitación. Por su parte, los jueces deberán adquirir los conocimientos necesarios, no sólo de la ley, sino de la tecnología subyacente, para saber cuál es la realidad que deben ser captada por la norma. Los abogados deberán tener idéntico conocimiento para saber posicionarse en sus defensas o demandas.
En tanto, los profesionales en informática deberán cumplir tres roles esenciales en este nuevo escenario:
- Al ser el asesor natural de usuario final de tecnología, deberá empaparse de la ley para otorgar un primer consejo adecuado.
- También, el especialista será los ojos del juez al desempeñarse como perito (figura que sin dudas va a adquirir una relevancia inusitada).
- Por otra parte y como principal conocedor de la materia, el informático deberá "evangelizar", pregonando buenas prácticas y enseñando cuáles son las conductas que quedan captadas por la ley.
A la sociedad en su conjunto, empresas, usuarios, poderes públicos, instituciones y destinatarios de esta ley, le quedará realzar las adecuaciones necesarias para que algunas de las prácticas, antes legales, no se conviertan en delitos. En tanto, a quienes asesoramos y capacitamos, debemos entender que de no continuar con nuestra labor o de no tomar mayor nivel de conciencia, seremos cada día menos profesionales.
Por Daniel Pastorino Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba.
Fuente: Comercio y Justicia 29-07-2008
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