En la mayoría de las causas judiciales iniciadas -en la Argentina son más de 100- las personas afectadas se escudan en el derecho a la intimidad y a la imagen consagrados por la Constitución Nacional para preservar su ámbito de privacidad.
Ocurre que cada vez son más las personas con acceso a Internet y el flujo de información y la cantidad datos que circulan por la web son infinitos. Esta situación provoca que los damnificados por las publicaciones inexactas recurran a la Justicia en procura de suprimir o rectificar aquellos informes o contenidos que les resultan injuriosos.
“Los buscadores difunden cualquier tipo de información sin chequear fuentes y sin verificar contenidos", dijo Gustavo Tanús, abogado especialista en derecho informático.
El especialista agregó que, en muchos casos, a través de la posiblidad de realizar busquedas "en cache", publican información contenida en sitios web que ya no existen, "violando el derecho de paternidad moral del autor de ese sitio que quizás decidió darlo de baja en determinado momento", puntualizó.
“No pedimos en las demandas que se excluyan los contenidos de los sitios. Eso tendríamos que pedírselo a cada sitio en particular, y en muchos casos, los sitios que se dedican a desprestigiar gente son gratuitos y es imposible localizar e identificar a sus propietarios. Además, los datos de contacto que aparecen en el registro del nombre de dominio son falsos o erróneos", aclaró.
"Lo que perseguimos es que los buscadores que los incluyen en los primeros lugares de los resultados los saquen de ahí”, explicó el especialista.
Interés legítimo
Facundo Malaureille Peltzer, del Estudio Salvochea Abogados, explicó que los jueces, a la hora de solicitar la baja de información o rectificación, van a evaluar el interés legítimo de quien reclama.
"Las empresas deberían controlar qué cosas se publican y verificar las fuentes ya que si no apuntamos a eso, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa porque Internet es así", enfatizó.
Malaureille Peltzer destacó que hoy en día, con la nueva ley defensa del consumidor, es obvio que las empresas van a estar más complicadas todavía porque si bien es cierto que defenderán que no existe relación de consumo, habría que verlo y probarlo en tribunales.
La defensa de las empresas
Alberto Arébalos, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google para América latina, señaló que hay un “modus operandi” repetido en este tipo de acciones, y que las mismas se caracterizan por los elevados montos que se solicitan para reparar los daños reclamados, que oscilan entre los $300 y $400 mil.
Arébalos además indicó que en estos juicios los reclamantes solicitan el beneficio de litigar sin gastos (posibilidad de participar del proceso sin pagar las costas del juicio) a pesar de que quienes demandan tienen un buen pasar económico.
La mecánica
Los famosos y aquellos damnificados con las publicaciones en la red consiguen que un juez de primera instancia les otorgue un amparo para que los buscadores de Google y Yahoo retiren de sus sitios web las alusiones que los vinculan esencialmente con sitios pornográficos o de venta de servicios sexuales, o bien con información inexacta vinculado a ellos.
El caso más conocido fue el de Diego Maradona. La semana pasada el juez Carlos Alvarez ordenó que deberán ser quitados "nombres, fotografías y toda referencia que permita identificar" al ex jugador en esos sitios web, invocando la protección de sus derechos personalísimos y los de su familia . Y agregó que esa orden debía ser ejecutada en forma inmediata.
Según dijeron en Google, la acción que solicitan los jueces se torna de cumplimiento imposible, ya que existe una imposibilidad técnica de estar 24 horas verificando los contenidos en la red.
Por otra parte, este medio intentó contactarse con Yahoo Argentina para ver de qué forma cumplían con las medidas ordenadas por la Justicia, pero no obtuvo respuesta por parte del buscador.
Administradores de información
"Esas decisiones judiciales, que no están firmes, no toman en cuenta lo que es un buscador de Internet. Nosotros no lo subimos, no lo editamos, no controlamos ni le damos rango al material. No somos responsables de los contenidos de los demás. Quieren que seamos jueces y eso es darnos un rol que no tenemos, ni queremos", sostuvo Arébalos.
"No es el objeto de un buscador saber si el material es o no es de contenido ofensivo. Es lo mismo que le pidan a un canillita que arranque todas las páginas de los diarios que ofenden a alguien o que se pida que se quemen todas las bibliotecas de la Argentina", explicó Arébalos.
El directivo señaló que llama la atención que siempre quienes reclaman van contra las mismas compañías (Google y Yahoo) y dejan afuera a otros buscadores, como Microsoft o Altavista. "Con nuestras herramientas, si los usuarios lo piden, es posible bloquear alguna URL (dirección), pero lo que no podemos hacer es sacar el material de la web para que nadie llegue a él", aclaró.
Así dijo que en la medida en que quienes publican aquellas cosas que ofenden a terceros no las saquen de Internet, "van a seguir estando".
Desde el punto de vista legal, Google señaló que todos los casos son apelados y se les pide a los jueces que "amplíen los requerimientos a los responsables de los sitios", pero que ello no evita que los demandantes hagan denuncias "por incumplimiento", lo que generalmente lleva a las demandas que habitualmente son patrocinadas por el mismo grupo de abogados.
Según indican en Google, esas demandas "están interesadas en el hecho económico y quieren que no podamos responder, para demandarnos".
Igualmente, Arébalos señaló que las mismas "están recién atravesando la etapa inicial y van a llevar mucho tiempo, ya que hay que hacer pericias y otras diligencias, aunque finalmente llegarán a la Corte".
Los más usados
El 85% de las búsquedas por Internet se hacen desde computadoras en el país pasan por Google, de acuerdo a datos de la consultora ComScore. (Ver nota: ¿Qué hace Google con los datos de los usuarios?)
La privacidad es un tema muy sensible en el mundo desarrollado, donde desde el Estado y la sociedad se ejercen presiones para acceder a los datos privados de las personas.
En ese sentido, ya existen presiones legales para que los actores de Internet hagan públicas sus políticas de privacidad.
Por ejemplo, una ley del estado norteamericano de California obliga a las empresas a que muestren en la carátula (home page, en inglés) de su sitio en la Red un enlace a una explicación de lo que hace con la información que recogen del usuario. Así, aunque se oponía a hacerlo, hasta Google debió modificar su página de inicio, una de las más despojadas y limpias de Internet, para incluir este requisito legal.
“El tema de la privacidad cobra cada vez más peso e importancia”, reconoció Arébalos.
Daniela A. San Giovanni© iProfesional.com
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