El 66% de las empresas desconoce la existencia de la Ley de Protección de Datos.
El 66% de las pymes con menos de 50 empleados admite que desconoce la existencia de la Ley de Protección de Datos. Según la Cámara tinerfeña, es fácil cometer errores sancionables, ya que no informar debidamente en la recogida de datos o incumplir los deberes de secreto y confidencialidad puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros.
A pesar de que el 71% de la población afirma que le preocupa lo que se haga con sus datos, un 66 por de las pymes con menos de 50 empleados reconoce que desconoce "por completo" la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Ante este déficit de información, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el Punto de Información sobre Protección de Datos (PIPD) con el objetivo de asesorar a todas las empresas del alcance de la normativa, así como de las importantes sanciones que acarrea su incumplimiento.
La LOPD, que cuenta con su nuevo Reglamento desde el pasado mes de abril, exige a todas las empresas la obligación de obtener el consentimiento de las personas físicas para tratar sus datos y también obliga a todas las pymes y entidades a registrar sus ficheros en el registro Oficial de la Agencia de Protección de Datos.
Según el Departamento de Servicios Jurídicos de la Cámara de Comercio, es relativamente fácil incurrir errores susceptibles de sanción ya que el hecho de no informar debidamente en la recogida de datos, o incumplir los deberes de secreto y confidencialidad, como tirar sin seguridad un curriculum vitae a la basura, puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros. Faltas graves, como no contar con el consentimiento de los titulares para tratar sus datos o ceder los datos a otras entidades sin permiso pueden suponer multas de entre 300.000 y 600.000 euros.
Concretamente en el primer semestre de 2008, las sanciones a entidades privadas siguen centrándose en su mayoría en la calidad de los datos y el consentimiento de los afectados. El 37,5% de las mismas se debió al abandono de documentación en la vía pública, el 12,5 por ciento por compartir en programas P2P (emule) archivos con datos personales y otro 12,5 por ciento a la publicación de datos personales en páginas web sin las debidas medidas de seguridad, dejándolos accesibles a terceros no autorizados, según revela la Agencia Española de Protección de Datos.
Además, según alerta Noemí Brito, responsable del Punto de Información sobre Protección de Datos de la Cámara de Comercio (PIPD), la falta o desconocimiento de los procedimientos de seguridad de la información es un riesgo real, que puede causar importantes pérdidas a cualquier empresa. “La inversión en seguridad de la información es vital para toda empresa, ya que si desapareciera, se alterase o se divulgase, afectaría muy negativamente a cualquier actividad que desarrollemos”, apunta Brito.
En este sentido, desde el PIPD, abogados especialistas en Telecomunicaciones facilitarán toda la información necesaria sobre cómo llevar a la práctica las nuevas medidas de seguridad que exige la LOPD y su renovado Reglamento de desarrollo. Además, a partir de enero, en el PIPD, las empresas podrán obtener la Guía del Responsable de Ficheros que ha elaborado el Consejo Superior de Cámaras junto a la Agencia Española de Protección de Datos.
Sanciones económicas
Sólo el año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos finalizó más de 1.260 investigaciones de casos que fueron objeto de resolución, casi todos ellos relacionados con empresas privadas, que en su conjunto recibieron sanciones por un valor total de 19,6 millones de euros, frente a los 24,4 de 2006. Unos datos que son mucho menos alarmantes en el caso de Canarias, donde en 2007 se llevaron a cabo 50 investigaciones, de las que sólo 6 acabaron en sanción económica, lo que sitúa las Islas en el puesto número 10 del ránking de las comunidades autónomas que más denuncias registraron.
La mayoría de las denuncias recibidas e investigadas por la Agencia Española de Protección de Datos están relacionadas con las telecomunicaciones y las entidades financieras, que sólo el año pasado sumaron 290 y 248 casos respectivamente, de un total de 1.263. En cuanto a los motivos de la denuncia, muchos de los casos se deben a que la empresa insertó indebidamente los datos de sus clientes en ficheros de morosidad, o bien contrató servicios de forma fraudulenta, muy habitual en telefonía e Internet.
Aún con el riesgo de sufrir importantes multas, según el Inteco, alrededor del 80 por ciento de las pymes de España incumplen la LOPD y eso a pesar de que el 96% de ellas maneja ficheros que contienen datos que deben protegerse.
Fuente: www.canariasaldia.com
El 66% de las pymes con menos de 50 empleados admite que desconoce la existencia de la Ley de Protección de Datos. Según la Cámara tinerfeña, es fácil cometer errores sancionables, ya que no informar debidamente en la recogida de datos o incumplir los deberes de secreto y confidencialidad puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros.
A pesar de que el 71% de la población afirma que le preocupa lo que se haga con sus datos, un 66 por de las pymes con menos de 50 empleados reconoce que desconoce "por completo" la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Ante este déficit de información, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el Punto de Información sobre Protección de Datos (PIPD) con el objetivo de asesorar a todas las empresas del alcance de la normativa, así como de las importantes sanciones que acarrea su incumplimiento.
La LOPD, que cuenta con su nuevo Reglamento desde el pasado mes de abril, exige a todas las empresas la obligación de obtener el consentimiento de las personas físicas para tratar sus datos y también obliga a todas las pymes y entidades a registrar sus ficheros en el registro Oficial de la Agencia de Protección de Datos.
Según el Departamento de Servicios Jurídicos de la Cámara de Comercio, es relativamente fácil incurrir errores susceptibles de sanción ya que el hecho de no informar debidamente en la recogida de datos, o incumplir los deberes de secreto y confidencialidad, como tirar sin seguridad un curriculum vitae a la basura, puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros. Faltas graves, como no contar con el consentimiento de los titulares para tratar sus datos o ceder los datos a otras entidades sin permiso pueden suponer multas de entre 300.000 y 600.000 euros.
Concretamente en el primer semestre de 2008, las sanciones a entidades privadas siguen centrándose en su mayoría en la calidad de los datos y el consentimiento de los afectados. El 37,5% de las mismas se debió al abandono de documentación en la vía pública, el 12,5 por ciento por compartir en programas P2P (emule) archivos con datos personales y otro 12,5 por ciento a la publicación de datos personales en páginas web sin las debidas medidas de seguridad, dejándolos accesibles a terceros no autorizados, según revela la Agencia Española de Protección de Datos.
Además, según alerta Noemí Brito, responsable del Punto de Información sobre Protección de Datos de la Cámara de Comercio (PIPD), la falta o desconocimiento de los procedimientos de seguridad de la información es un riesgo real, que puede causar importantes pérdidas a cualquier empresa. “La inversión en seguridad de la información es vital para toda empresa, ya que si desapareciera, se alterase o se divulgase, afectaría muy negativamente a cualquier actividad que desarrollemos”, apunta Brito.
En este sentido, desde el PIPD, abogados especialistas en Telecomunicaciones facilitarán toda la información necesaria sobre cómo llevar a la práctica las nuevas medidas de seguridad que exige la LOPD y su renovado Reglamento de desarrollo. Además, a partir de enero, en el PIPD, las empresas podrán obtener la Guía del Responsable de Ficheros que ha elaborado el Consejo Superior de Cámaras junto a la Agencia Española de Protección de Datos.
Sanciones económicas
Sólo el año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos finalizó más de 1.260 investigaciones de casos que fueron objeto de resolución, casi todos ellos relacionados con empresas privadas, que en su conjunto recibieron sanciones por un valor total de 19,6 millones de euros, frente a los 24,4 de 2006. Unos datos que son mucho menos alarmantes en el caso de Canarias, donde en 2007 se llevaron a cabo 50 investigaciones, de las que sólo 6 acabaron en sanción económica, lo que sitúa las Islas en el puesto número 10 del ránking de las comunidades autónomas que más denuncias registraron.
La mayoría de las denuncias recibidas e investigadas por la Agencia Española de Protección de Datos están relacionadas con las telecomunicaciones y las entidades financieras, que sólo el año pasado sumaron 290 y 248 casos respectivamente, de un total de 1.263. En cuanto a los motivos de la denuncia, muchos de los casos se deben a que la empresa insertó indebidamente los datos de sus clientes en ficheros de morosidad, o bien contrató servicios de forma fraudulenta, muy habitual en telefonía e Internet.
Aún con el riesgo de sufrir importantes multas, según el Inteco, alrededor del 80 por ciento de las pymes de España incumplen la LOPD y eso a pesar de que el 96% de ellas maneja ficheros que contienen datos que deben protegerse.
Fuente: www.canariasaldia.com
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