Así, en el documento aprobado en Consejo de Ministros el pasado 27 de mayo, se definía como ‘prácticas agresivas por acoso’ las propuestas “no solicitadas y persistentes” enviadas a través de teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia. Sin embargo, la enmienda de los socialistas propone cambiar las palabras ‘no solicitadas’ por ‘no deseadas’, lo que obligaría al consumidor a pronunciarse sobre este envío –algo que no ocurría con la primera opción–.
En la justificación para la introducción de este cambio, el grupo parlamentario argumenta que se trata de una “mejora técnica, siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea”. No obstante, el PSOE no está sólo en este apartado: el PNV también coincide en esta propuesta bajo la misma justificación, ajustarse a la Directiva europea “en su redacción original”.
Un cambio protestado
Para el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, el cambio no es “baladí” y podría responder a “presiones” empresariales. “El Gobierno tiene en cuenta que el año que viene asumirá la presidencia europea y ha preferido aceptar las propuestas que han llegado para evitar polémica”, explicó a ‘Portaltic.es’.
A su entender, la introducción del término ‘no deseada’ conllevará “niveles distintos de protección” para los usuarios, ya que sólo afectará a las comunicaciones electrónicas y la telefonía. “Ello puede suponer para los oferentes una indudable ventaja, incrementando su discrecionalidad con una especie de ‘forum shopping’”, apuntó.
El futuro de la salida de esta nueva legislación se decidirá en los próximos días, puesto que la comisión de Sanidad y Consumo ya ha cerrado el plazo de entrega de enmiendas. No obstante, los grupos parlamentarios continúan negociando y la AUC ya ha anunciado su intención de convencer a alguno de ellos para incluir una ‘contraenmienda’.
Según la última encuesta del CIS, siete de cada diez ciudadanos españoles recibieron un ’sms’ publicitario de una entidad sobre la que no tenía constancia de haber dado sus datos personales. En el caso de los ’spam’ o correos electrónicos no deseados, los perjudicados ascienden a ocho de cada diez personas, aunque aquí más de la mitad admitió que nunca o ‘raramente” consultaban la política de privacidad de las empresas.
El portavoz de Facua-Consumidores, Rubén Sánchez, considera necesaria la creación de un “protocolo” para actuar contra los responsables de envíos masivos, más allá de la creación de una nueva legislación. “Cada vez más se producen actuaciones de este tipo, porque las personas se dan cuenta que es un negocio fácil. Aunque el ’spam’ ya es una actividad prohibida, no existe un mecanismo para frenarlo, y eso es lo que hace falta”, explicó a ‘Portaltic.es’.
Fuente: canalsur
En la justificación para la introducción de este cambio, el grupo parlamentario argumenta que se trata de una “mejora técnica, siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea”. No obstante, el PSOE no está sólo en este apartado: el PNV también coincide en esta propuesta bajo la misma justificación, ajustarse a la Directiva europea “en su redacción original”.
Un cambio protestado
Para el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, el cambio no es “baladí” y podría responder a “presiones” empresariales. “El Gobierno tiene en cuenta que el año que viene asumirá la presidencia europea y ha preferido aceptar las propuestas que han llegado para evitar polémica”, explicó a ‘Portaltic.es’.
A su entender, la introducción del término ‘no deseada’ conllevará “niveles distintos de protección” para los usuarios, ya que sólo afectará a las comunicaciones electrónicas y la telefonía. “Ello puede suponer para los oferentes una indudable ventaja, incrementando su discrecionalidad con una especie de ‘forum shopping’”, apuntó.
El futuro de la salida de esta nueva legislación se decidirá en los próximos días, puesto que la comisión de Sanidad y Consumo ya ha cerrado el plazo de entrega de enmiendas. No obstante, los grupos parlamentarios continúan negociando y la AUC ya ha anunciado su intención de convencer a alguno de ellos para incluir una ‘contraenmienda’.
Según la última encuesta del CIS, siete de cada diez ciudadanos españoles recibieron un ’sms’ publicitario de una entidad sobre la que no tenía constancia de haber dado sus datos personales. En el caso de los ’spam’ o correos electrónicos no deseados, los perjudicados ascienden a ocho de cada diez personas, aunque aquí más de la mitad admitió que nunca o ‘raramente” consultaban la política de privacidad de las empresas.
El portavoz de Facua-Consumidores, Rubén Sánchez, considera necesaria la creación de un “protocolo” para actuar contra los responsables de envíos masivos, más allá de la creación de una nueva legislación. “Cada vez más se producen actuaciones de este tipo, porque las personas se dan cuenta que es un negocio fácil. Aunque el ’spam’ ya es una actividad prohibida, no existe un mecanismo para frenarlo, y eso es lo que hace falta”, explicó a ‘Portaltic.es’.
Fuente: canalsur
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