martes, 26 de febrero de 2013

Cortes de conexión, advertencias... arranca el sistema para frenar la piratería en EEUU

¿Se imaginan a Movistar, ONO, Orange y Vodafone aliados con la Comisión Sinde y la industria del entretenimiento para cortar la conexión a internet a los usuarios que descargan contenidos protegidos? Esta es precisamente la situación que se vive desde este lunes en Estados Unidos con la puesta en marcha del sistema The Copyright Alert System (CAS), también conocido como régimen Six Strikes, a través del que los principales proveedores de acceso a internet, en alianza con el Gobierno y las distintas industrias de contenidos, han decidido plantarle cara a la piratería con distintas medidas represivas. 
Avisos continuados por parte de los proveedores de conexión a la red, disminución radical de la velocidad de acceso, cortes drásticos de la conexión, bloqueo de acceso a las webs más visitadas hasta que el internauta no complete un curso de formación sobre derechos de autor... Estas son algunas de las medidas que se pondrán en marcha en Estados Unidos -por primera vez de la mano de los propios proveedores- en lo que ya se considera una declaración de guerra abierta del 'mainstream' de internet contra el intercambio de archivos a través de sistemas 'peer-to-peer', que se utiliza en plataformas tan populares como BitTorrent.

Los proveedores españoles no están dispuestos

En declaraciones a Teknautas, Maite Arcos, la secretaria general de Redtel, la asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia, de la que forman parte ONO, Orange, Telefónica y Vodafone, explicó este lunes que "Redtel siempre ha insistido en que las medidas represivas nunca deben ir contra los usuarios de internet". 
"Las medidas siempre deben estar respaldadas por garantías procesales y judiciales; la decisión de adoptar medidas represivas tiene que ser asumida por una autoridad administrativa y con una autorización judicial. Sólo así el proceso tendría la mínima seguridad jurídica necesaria y, previsiblemente, habría garantías de que las medidas sean efectivas, proporcionales y objetivas", apunta Maite Arcos.
"Estas características han sido defendidas por Redtel desde que comenzó a abordarse la legislación antipiratería en España (Ley Sinde) hasta la fecha. Y gracias a esas garantías, en España con la ley actual queda descartado que los propietarios de contenidos puedan poner en marcha mecanismos sin la intervención de las autoridades, mecanismos en los que ellos señalaran con el dedo acusador a ciertos usuarios y en los que los operadores de telecomunicaciones fueran obligados a actuar como policías de la red”, agrega la secretaria general de Redtel.

Triunvirato perfecto: instituciones, proveedores e industria

El nuevo sistema de vigilancia antipiratería estadounidense se venía fraguando ya desde 2011, cuando la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Recording Industry Association of America (RIAA), que aglutinan a las principales estudios cinematográficos y sellos discográficos del país, llegaron a un acuerdo con cinco de los principales proveedores de acceso a internet de Estados Unidos (Comcast, AT&T, Time Warner, Verizon, y Cablevision) para perseguir conjuntamente la piratería en las redes de intercambio P2P, y sobre todo poniendo el foco en BitTorrent, su principal enemigo. 
Curiosamente, Time Warner es al mismo tiempo un proveedor de acceso a internet y dueña de uno de los estudios de Hollywood que forman parte de la MPAA, en este caso Warner Bros
La puesta en marcha de The Copyright Alert System se ha coordinado a través del Center for Copyright Information (CCI), algo así como la Comisión Sinde en España, y ya cuenta con un antecedente en Francia, el sistema Hadopi, que al no haber funcionado demasiado bien está en vías de ser modificado por un sistema de multas a los internautas.
El sistema The Copyright Alert System es conocido también como régimen Six Strikes porque serán seis los avisos (en el modelo francés eran 3) que los proveedores de internet enviarán a los internautas antes de tomar medidas más drásticas. Cada compañía será la encargada de gestionar sus propia política de avisos, que irán desde los 'emails' disuasorios, en el comienzo del proceso; hasta las mencionadas medidas represivas que promete este sistema recién instaurado.