La oposición pidió ayer que Interior explique para qué adquirió un moderno programa de interceptación de llamadas y e-mails. No se objeta el sistema, pero se exige transparencia y que se active cuando la ley de Inteligencia sea aprobada.
El Ministerio del Interior informó ayer a El
País que no iba a hacer comentarios sobre la compra del sistema "El
Guardián", una moderna plataforma informática que ampliará
sensiblemente las capacidades de la Policía para realizar escuchas y
vigilar la actividad en internet. El País informó ayer que "El
Guardián", comprado en Brasil a la empresa Digitro Tecnología Ltda. y
utilizado por la Policía Federal de ese país, permite que al mismo
tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico
que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a
crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el
monitoreo de hasta tres redes sociales.
La compra, que fue mantenida en secreto por el gobierno
invocando razones de "seguridad pública", sorprendió a representantes
de la oposición, que si bien entienden y justifican que la Policía tenga
acceso a tecnología de punta para combatir el crimen organizado,
reclaman información, transparencia y garantías en el uso de la
sofisticada herramienta.
El senador nacionalista Gustavo Penadés, integrante de
la Comisión Bicameral para la redacción de una Ley que regule la
Inteligencia de Estado, dijo a El País que la puesta en funcionamiento
de dicha herramienta debería esperar a la vigencia de la ley, aún en
etapa de discusión, para que los ciudadanos cuenten con las garantías
necesarias. También anunció que pedirá en la comisión la comparecencia
del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que explique los motivos
de la adquisición y el uso que se le pretende dar.
El Frente Amplio y la oposición tienen acordada la
redacción de la ley -negociada durante tres años- que creará el Sistema
Nacional de Inteligencia (SNI), pero su aprobación se ha demorado.
Semanas atrás El País informó que el SNI concentrará y regirá el
funcionamiento de los organismos de Inteligencia que actualmente tienen
cuatro ministerios (Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y
Economía).
El sistema tendrá control parlamentario a través de una
comisión permanente de la Asamblea General cuyos integrantes -incluso
los exmiembros- podrían hasta ser separados de su banca o sometidos a la
justicia en caso de divulgar información reservada por caer en
"conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste", en el
marco de lo que establece el artículo 115 de la Constitución. Además,
se establece que los organismos de inteligencia tendrán "especialmente
prohibido" realizar tareas represivas, cumplir por sí funciones
policiales o de investigación criminal, salvo requerimiento policial.
"Todos los estados modernos del mundo tienen
complejos sistemas de seguridad. El problema no es el sistema ni el
aparato que se compre, el problema es cómo se usa, para qué se usa y
cómo se controla a quienes lo usan. Por eso cree-mos que es
absolutamente necesario que exista una ley de Inteligencia antes de
poner en funcionamiento una herramienta tan poderosa", afirmó Penadés.
Fuente: Gonzalo Terra - elpais.com.uy
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